* Con 40 votos a favor, la iniciativa de la Jefa de Gobierno Clara Brugada suma al andamiaje legal que protege a las vecinas y vecinos de la capital
Redacción
El Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 40 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano, el dictamen que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de extorsión y delitos coercitivos. La iniciativa, promovida por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, es parte del Pacto Contra la Extorsión que su gobierno impulsa en coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
La reforma introduce el delito de “hostigamiento coercitivo”, que sanciona a toda persona que, mediante violencia física o moral, pretenda obligar a otra a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión. La norma establece penas agravadas y protección reforzada para víctimas en condición de vulnerabilidad.
El dictamen también endurece el castigo al hostigamiento sexual, particularmente cuando se amenaza con difundir contenido íntimo para coaccionar a las víctimas, y combate la violencia en prácticas ilegales de cobranza, sin afectar los derechos legítimos de los acreedores.
“El derecho a la integridad personal implica el reconocimiento de la dignidad del ser humano y, por lo tanto, la preservación física, psíquica y moral de toda persona”, señaló el diputado Alberto Martínez Urincho durante la sesión. Destacó que el Estado tiene la obligación de salvaguardar a la sociedad del actuar violento y coercitivo que vulnere sus derechos.
El diputado Luis Chávez subrayó que los delincuentes han dejado atrás métodos tradicionales para adoptar tecnología de avanzada que les permite engañar, simular identidades y vulnerar la tranquilidad de las familias. Celebró que la reforma incluya sanciones para quienes usen amenazas tecnológicas como la clonación de voz con inteligencia artificial para obtener beneficios ilícitos.
El dictamen fue construido a partir de diez iniciativas de distintas fuerzas políticas, lo que lo convierte en un producto legislativo plural, en el que la propuesta de Morena y de la Jefa de Gobierno encontró eco en el conjunto del Congreso.
La aprobación se inscribe en una estrategia integral que el Gobierno de la Ciudad de México ya despliega en el territorio: visitas casa por casa, asambleas vecinales, atención a pequeños comercios y presencia permanente en los cuadrantes. Esa misma cercanía con las vecinas y vecinos es la que permite identificar las formas en que la extorsión opera en la vida cotidiana y traducirlas en leyes que realmente protejan a quienes más lo necesitan.
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