* La propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar solicita a la Auditoría Superior de la Federación revisar de manera integral contratos de servicios y obra pública
* La fiscalización abarcaría recursos federales ejercidos durante la administración del gobernador Samuel García
Redacción
La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a determinar e iniciar una auditoría integral a los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
El acuerdo aprobado en comisión -que deberá continuar el trámite legislativo correspondiente- plantea revisar de manera particular los contratos de prestación de servicios y ejecución de obra pública financiados total o parcialmente con aportaciones, subsidios, convenios, reasignaciones y otras transferencias federales durante la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.
La proposición advierte que la contratación de servicios y la ejecución de obra pública constituyen áreas particularmente sensibles a irregularidades como adjudicaciones injustificadas, sobrecostos, servicios no prestados, obras inconclusas, conflictos de interés y transferencias a terceros. Por ello, solicita examinar contratos, pagos, transferencias, subcontrataciones, empresas relacionadas, servicios efectivamente prestados y el destino final de los recursos.
El documento recoge señalamientos públicos sobre posibles triangulaciones mediante empresas proveedoras del gobierno estatal y sociedades vinculadas con personas cercanas al mandatario. También refiere que un despacho relacionado con el gobernador y su familia habría destinado más de 81 millones de pesos a una campaña de comunicación en redes sociales a través de una empresa que, al mismo tiempo, habría sido proveedora del Gobierno de Nuevo León.
Estos hechos exigen una revisión técnica, independiente y sustentada en documentación verificable que permita esclarecer el origen, recorrido y destino de los recursos federales involucrados.
“Cuando existen señalamientos de esta gravedad, la respuesta del Estado debe ser una fiscalización profesional, sin excepciones. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y cada peso gastado debe ser explicado”, afirmó Ramírez Cuéllar.
Más historias
Pedro Haces reconoce desde Chile el trabajo de la Presidenta Sheinbaum en materia de seguridad
Producción de cempasúchil rompe récord con 10 millones de plantas; anuncia Clara Brugada ofrenda, catrina monumental, desfile de muertos y paseo luminoso en Reforma
Más de 2 mil niñas, niños y adolescentes beneficiarios con acciones de la Alcaldía Azcapotzalco